¿Qué figura jurídica utilizan los Agentes de Propiedad Industrial y Abogados especializados en PI para defender los intereses de marcas NO REGISTRADAS de sus clientes?

wipo pub 483 reg marcas  trayma traduccionesPues bien, el Derecho británico utiliza la figura del “passing off” pudiendo proteger signos distintivos que no poseen la cualidad de marcas registrada. Si se puede probar que una determinada persona física y/o jurídica viene usando un signo en el mercado que ha adquirido goodwill, es decir, fama, prestigio y buena reputación, podrá demandar a la otra empresa y/o persona que haya utilizado la misma marca, tanto en el mercado nacional como internacional, y que hubiera atentado la marca del titular no registrado. El abogado británico puede demandarlo conforme a la figura jurídica del “passing off”.

Sin embargo, ¿qué sucede en España? ¿Cómo puede un abogado español o Agente de Propiedad Industrial defender esta misma situación? Normalmente, recurriendo a la ley de competencia desleal; opción que los anglosajones también pueden utilizar pero que les gusta menos. Concretamente, en España se protege una marca que no ha sido registrada a través de la Ley de Competencia Desleal 3/1991.

Lo que se protege a través del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal es la imitación del producto o servicio (la creación material, técnica, artística, estética y ornamental), protegiendo la reproducción idéntica o muy similar de los resultados del trabajo ajeno, y no la procedencia empresarial que quedaría protegido a través del artículo 6 de la misma ley (actos de confusión).

Esta ley se aplica subsidiariamente para perseguir conductas referentes a la propiedad industrial que son contrarias a los principios de competencia leal, como por ejemplo el uso de un símbolo que no tiene consideración de marca (porque carece de registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas) propiedad de un competidor puede ser perseguido como “acto de confusión” (art. 6), “acto de engaño” (art 7) o “acto de imitación” (art 11), de acuerdo con las circunstancias del caso concreto.

Como ejemplos, tenemos el caso australiano de Cadbury Schepper v. Pub Squash [1981] RPC 429 cuya sentencia fue extremadamente reacia a conceder protección a demandas por passing off sobre la base de la imitación de ciertos signos que no son propiamente marcas. En este caso, el demandante se amparó en la ley del passing off para denunciar la imitación de las ideas o valores subyacentes en una campaña publicitaria de su bebida: la “hombría” y “aventura”, el demandante consideraba que habían adquirido distintividad con su producto. El tribunal, a pesar de reconocer que el defendido había ganado ventaja copiando la campaña publicitaria del demandante, no estimó la acción debido a que entendió que el público no había sido engañado respecto a la marca o signo distintivo.

En realidad, el verbo “to pass off” significa “engañar haciendo pasar los productos de uno, o la marca, por los de otro, usurpar, cometer fraude por imitación”. Lo que sucede es que en el contexto jurídico se trata de una figura tan específica del Derecho anglosajón y no existiendo equivalencia alguna en el Derecho español, se opta por no traducirlo y dejarlo en cursiva en inglés. Desde el punto de vista del traductor, lo dejaríamos así y luego entre paréntesis, añadiríamos una escueta explicación.

Saludos. Espero vuestros comentarios.

Supresión de la obligación de traducciones juradas en determinados documentos públicos

Con la obsesión que tienen nuestros gobernantes, europeos incluidos, de recortar gastos administrativos, se les ha ocurrido la brillante idea de suprimir el requisito de la Apostilla de la Haya y que determinados documentos no precisen ser traducidos por un traductor jurado, que es precisamente garante de derecho, en el sentido de que es fedatario público y que su labor principal es dar fe de que la traducción es fiel reflejo de su original.

 

Concretamente hay un borrador de Reglamento de la Unión Europea

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0228:FIN:ES:PDF

que en su artículo 6 dice así:

 

Artículo 6

Traducciones no juradas

1. Las autoridades aceptarán las traducciones no juradas de los documentos públicos expedidos por las autoridades de otros Estados miembros.

2. Cuando una autoridad albergue dudas razonables sobre la corrección o la calidad de la traducción de un documento público que se le presente en un caso particular, podrá solicitar una traducción jurada de ese documento. En ese caso, la autoridad aceptará las traducciones juradas realizadas en otros Estados miembros.

Entre los argumentos de defensa de la misma se afirma que “la legalización y la Apostilla son trámites administrativos cuyo cumplimiento se requiere actualmente para que un documento público expedido en un Estado miembro pueda utilizarse a efectos oficiales en otro Estado miembro. Se trata de mecanismos desfasados y desproporcionados para establecer la autenticidad de los documentos públicos. Es preciso implantar un marco más simple que ayude a la movilización de las pymes por Europa y otros países.

En definitiva, este es su título y no tiene desperdicio:

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se facilita la libertad de circulación de los ciudadanos y de las empresas, simplificando la aceptación de determinados documentos públicos en la Unión Europea, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1024/2012